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Desmond Alvarado pasó 18 años y medio entre prisiones estatales y federales, condenado por varios crímenes violentos. Entre esas sentencias, dijo que una vez fue arrestado y detenido durante 72 horas en una investigación de asesinato antes de ser liberado sin cargos.
Los legisladores de Utah están considerando si ampliar la métrica actual de reincidencia del estado, que rastrea a las personas que regresan a prisión por nuevas condenas dentro de tres años. La reincidencia es cuando una persona sentenciada vuelve a cometer un delito. El cambio propuesto en HB48 es incluir también arrestos y tiempo en la cárcel, como lo que ocurrió con la captura y liberación de Alvarado, dentro de la métrica.
Eso está generando preocupaciones de que personas inocentes podrían inflar los números y contar una historia imprecisa sobre la tasa de criminalidad en Utah.
Alvarado ahora es cofundador de Day Won, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas encarceladas y recién liberadas a reintegrarse en la sociedad. Tenía 16 años cuando fue enviado a una prisión para adultos. Según él, la verdadera dificultad para quienes salen es adaptarse nuevamente a la sociedad. Desde su liberación, ha hecho trabajo social con personas recién salidas de la penitenciaría. Ha visto a algunas de ellas volver al sistema por violaciones técnicas por razones que considera insignificantes.
“Muchos de los que yo trataba eran citas perdidas”, dijo. “Y … estas citas perdidas — solo porque conozco a estas personas — ni siquiera tienen licencia de conducir, así que para ellos conseguir transporte y cosas así, y no saber cómo tomar un autobús.”
Muchas personas en Utah que van a prisión regresan después de haber sido liberadas. En el año fiscal 2025, el 59% de los ingresos a prisión se debieron a violaciones de libertad condicional. Las nuevas condenas representaron el 23% de esos ingresos, según datos del Departamento de Correcciones.
El fiscal del condado de Salt Lake, Sim Gill, sostiene que la tasa de reincidencia apunta a problemas con el proceso de libertad condicional más que a un aumento en nuevos delitos, aunque dijo que ha visto que se usa para alimentar una narrativa de alta criminalidad. Coincide con Alvarado en que barreras como encontrar trabajo y transporte confiable predisponen a las personas recién puestas en libertad condicional a tener dificultades.
Gill dijo que “los datos son excelentes”, pero agregó que su preocupación es cómo se usan. Teme que si se utilizan estadísticas sobre arrestos o tiempo en la cárcel, inflarán los números y se emplearán para respaldar una agenda política.
“No se me escapa que tanto a nivel nacional como incluso en algunos niveles locales, no solo en nuestro estado, a veces esa narrativa del crimen se convierte en parte de una agenda política y en una forma de castigar a un grupo o clase particular de personas”, dijo.
Mejores y más detallados datos podrían ayudar a los legisladores y jueces a tomar decisiones más inteligentes, pero Gill duda que la Legislatura los use de manera responsable.
Pam Vickrey es abogada defensora y directora ejecutiva de Utah Juvenile Defender Attorneys. Sus preocupaciones reflejan las de Gill.
“Creo que la recopilación de datos sobre arrestos y tiempo en la cárcel, y cosas así, son muy, muy importantes”, dijo, “pero usar eso como un punto de datos que luego pueda tergiversarse o mezclarse con la reincidencia es preocupante para mí.”
Un arresto no dice nada sobre la reincidencia, dijo Vickrey, debido a la amplia variedad de razones por las que alguien podría ser arrestado y los distintos resultados posibles.
Utah ha adoptado durante mucho tiempo un enfoque de mano dura contra el crimen. En los últimos cinco años, los legisladores han aprobado 165 proyectos de ley que aumentan las sanciones penales, en comparación con 34 que las redujeron, según un análisis de la Utah Defense Attorneys Association. Las cifras no incluyen la sesión legislativa de 2026.
HB34, patrocinado por la representante republicana Karianne Lisonbee, se suma a esa tendencia. También ha llamado la atención por crear un camino hacia una prisión para adultos para jóvenes de 17 años condenados por homicidio agravado si tienen 18 al momento de la sentencia y un juez aprueba la transferencia.
Lisonbee rechaza la idea de que ampliar la recopilación de datos afectará la medición actual de reincidencia en Utah.
“No lo estamos incluyendo realmente como parte del conjunto de datos que se utilizaría en nuestro número de reincidencia como estado, porque queremos ser más comparables con otros estados”, dijo, señalando que las cifras adicionales se usarán en una métrica alternativa de reincidencia solo para que los legisladores puedan tomar mejores decisiones en futuras políticas de justicia penal.
El fiscal Gill aún teme que los datos puedan malinterpretarse.
“Ese es el terreno resbaladizo, pero mientras estemos atentos y seamos honestos sobre por qué estamos recopilando estos datos, entonces podemos tratar de mantenernos responsables ante esas expectativas, en lugar de crear oportunidades para el mal uso de esos mismos datos”, dijo.
El proyecto de ley de Lisonbee ya salió del comité y ahora pasa al pleno del Senado para debate y votación final.
Producido con la asistencia del Public Media Journalists Association Editor Corps, financiado por la Corporation for Public Broadcasting, una corporación privada financiada por el pueblo estadounidense.
Este reportaje ha sido traducido por inteligencia artificial y editado por Edgar Zúñiga, de Avanza 88.3, la primera emisora de radio pública bilingüe de Utah.
