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Durante las elecciones intermedias de 2026, serán los habitantes de Utah quienes decidirán si derogan o no una ley estatal que prohíbe la negociación colectiva para los sindicatos del sector público. La negociación colectiva es cuando los sindicatos negocian en grupo con el gobierno temas como salario, beneficios o condiciones de trabajo.
Los opositores a la prohibición presentaron más de 320,000 firmas para incluir la derogación en la boleta. Después de que la Oficina de la Vicegobernadora certificó 251,274 firmas, suspendió la ley y declaró que el referéndum sería enviado a los votantes, el gobernador Spencer Cox enfrentó una decisión: convocar una elección especial o enviar la pregunta a 2026.
El gobernador dejó pasar la fecha límite del 21 de junio para convocar una elección especial. Finalmente, emitió una orden ejecutiva el 23 de junio que establece que el referéndum será sometido a votación durante las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.
La Legislatura de Utah aprobó por poco el proyecto de ley HB267 a principios de este año, lo que provocó indignación entre maestros de educación pública, bomberos y fuerzas del orden. En respuesta a la ley, un grupo de sindicatos llamado Protect Utah Workers lanzó una campaña de referéndum.
En un comunicado, el representante republicano Jordan Teuscher, patrocinador de la ley, dijo a KUER que el liderazgo legislativo está “reuniéndose activamente con representantes sindicales para encontrar un camino responsable y constructivo respecto a la prohibición de la negociación colectiva en Utah.”
Aunque la opinión pública sobre el tema sigue dividida, agregó que las conversaciones han sido productivas y que la Legislatura está comprometida con “identificar una solución que sirva mejor a los intereses a largo plazo del estado.” Un sentimiento que también compartió el presidente del Senado, Stuart Adams.
Tras la certificación de la vicegobernadora Deidre Henderson, la Asociación de Educación de Utah, uno de los 19 sindicatos detrás del esfuerzo del referéndum, celebró lo que llamó “una gran victoria para los trabajadores públicos y la increíble fuerza de la acción colectiva.”
Ahora que los sindicatos están con la mirada puesta en 2026, la asociación se siente confiada en sus posibilidades de derogar la prohibición.
“Los trabajadores públicos de Utah están listos. Estamos organizados, motivados y seguros de que los votantes estarán con nosotros cuando llegue el momento”, dijo la asociación en un comunicado.
Además de restringir la negociación colectiva, el HB267 también limita el uso de ciertos recursos públicos para actividades sindicales. También crea una nueva opción de seguro de responsabilidad profesional para maestros, para que los educadores puedan obtener esa protección a través del estado en lugar del sindicato. El proyecto de ley también habría prohibido que empleados sindicales, que no trabajan para el grupo que representa el sindicato, participen en el Sistema de Jubilación de Utah.
Este reportaje ha sido traducido por inteligencia artificial y editado por Edgar Zúñiga, de Avanza 88.3, la primera emisora de radio pública bilingüe de Utah.
